15º Tribunal Local de Derechos de la Naturaleza en Ecuador dictamina que toda minería es ilegal

El Tribunal de Derechos de la Naturaleza señala que la minería en Ecuador vulnera los Derechos de la Naturaleza y atenta contra los derechos de las comunidades.

QUITO, ECUADOR, February 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- En la sesión celebrada en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, expertos y testigos denunciaron el impacto de la minería, dominada por empresas canadienses, sobre los ecosistemas y las comunidades. “Las víctimas de la minería no son solo los humanos, sino también la Naturaleza”, afirmó el fiscal del Tribunal, Ramiro Ávila.

El geólogo William Sacher explicó que Ecuador, por su actividad sísmica, lluvias intensas y topografía accidentada, es un país especialmente vulnerable a la minería. Además, denunció la débil institucionalidad que permite que intereses mineros extranjeros avancen sin restricciones.

Violaciones constitucionales y falta de consulta previa
El Tribunal concluyó que la minería viola la Constitución ecuatoriana, que exige consulta previa libre e informada. Sin embargo, según el abogado Gustavo Redín, estas consultas nunca han sido legítimas: “Se asusta a las comunidades para evitar su participación, mientras que los consultados suelen estar alineados con empresas y el Estado”.

El juez Alberto Acosta señaló que la minería vulnera artículos clave de la Constitución, lo que lleva a una conclusión clara: toda la minería legal en Ecuador es ilegal.

Luis Corral, del Frente Nacional Anti Minero, presentó datos alarmantes: el 92% de las concesiones están en zonas de alta importancia hídrica, entre 30% y 50% en territorios indígenas, y todas han sido entregadas sin consulta ambiental.

Criminalización de defensores ambientales
El Tribunal denunció la persecución de quienes resisten la minería:

En Palo Quemado y Las Pampas, 134 personas fueron criminalizadas tras una consulta forzada bajo militarización.
En Nabón, 47 defensores enfrentan procesos judiciales por proteger los páramos.
En Warintza, Fierro Urco y Espíndola, nueve defensores fueron sentenciados a prisión.
Fausto Arechua, de Las Naves, fue sentenciado a cuatro años por resistirse al proyecto minero Curipamba-El Domo. “Nos encarcelan para silenciarnos”, denunció.

Juan Carlos Carvajal relató que, en 2024, la llegada de la empresa minera a Palo Quemado y Las Pampas fue acompañada por una fuerte militarización: más de mil efectivos en una comunidad de menos de 700 habitantes.

Impacto en el agua y las comunidades
El 80% del territorio de Las Naves está concesionado para minería. Daniel Sisa advirtió que las explosiones mineras provocan deslizamientos de tierra y contaminan el agua. “No solo pedimos auxilio nosotros, los animales también”, dijo conmovido.

Xavier Guachamín alertó sobre el riesgo de colapso de las relaveras: el fallo de la relavera del proyecto Mirador podría sepultar la ciudad de Tundayme bajo lodos tóxicos.

En Fierro Urco, Nayra Chalán denunció que seis ríos esenciales para 62.000 personas están amenazados por 27.000 hectáreas de concesiones mineras. En 2023, en Gualtel, hubo represión militar y quema de bienes comunales.

La comunidad de Kimsacocha ha resistido por más de 30 años contra el proyecto Loma Larga de Dundee Precious Metals, pese a que en consultas populares más del 90% ha rechazado la minería. Hortencia Zhagüi afirmó: “Nos han dado la espalda, pero seguimos firmes. Esta lucha es por el agua”.

En Warintza, en la Cordillera del Cóndor, la expansión minera vulnera los derechos del pueblo Shuar. Josefina Tunki denunció que la comunidad nunca fue consultada y que su resistencia ha provocado división interna y criminalización. Fanny Kaekat agregó: “Nuestro territorio no está a la venta. No sacrificaremos nuestra agua”.

Según Nathaly Yépez, de Amazon Watch, el tajo abierto de Warintza tendrá la extensión de 18 canchas de fútbol y una profundidad de 11. Solo en su primera fase, usará 18 millones de litros de agua, y 550.000 litros diarios por 22 años. En la zona de impacto hay 52 especies en peligro de extinción.

En Espíndola, Esmeralda Vicente Salinas denunció que la empresa Salazar Resources, vinculada a familiares del presidente, ha recibido permisos para explotar un páramo protegido. “Nos sentimos en total indefensión”, declaró.

Myriam Quezada, de Nabón, denunció que 55.000 hectáreas han sido concesionadas, muchas en zonas de recarga hídrica, poniendo en riesgo el derecho al agua de las comunidades locales.

Veredicto final
El 15º Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador deja en evidencia que la minería en el país es ilegal y destructiva, por causar graves vulneraciones a los Derechos de la Naturaleza, derechos humanos y al derecho a la consulta previa, libre e informada. Se denuncia el uso de tratados de libre comercio como herramientas para facilitar el acceso a recursos estratégicos y el avance del "colonialismo verde" bajo la excusa de una transición energética. El Tribunal exige el cese de la criminalización de defensores ambientales, el respeto a las consultas populares y la salida inmediata de las empresas mineras de los territorios afectados, así como la revisión de concesiones otorgadas sin los debidos estudios ambientales.

Además, los jueces demandan transparencia sobre la construcción de relaveras y la prohibición de aquellas ubicadas aguas abajo, como en Cóndor Mirador. El Tribunal reconoce la labor de defensores ambientales como Daniel Sisa, Josefina Tunki y otros líderes comunitarios, exigiendo su protección por parte del Estado, y responsabiliza a los gobiernos de Ecuador y Canadá, así como a las empresas implicadas, por las violaciones presentadas, solicitando la no ratificación del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Finalmente, el Tribunal condena tanto la minería ilegal como la “legal" que vulnera derechos, y pide declarar al Ecuador libre de minería metálica, especialmente en zonas de recarga hídrica.

El mandato de esta sesión fue presentado a Zenaida Yacasama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y a Hortencia Zhagüi, representante de la Junta Administradora de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui, quienes representarán estas luchas en la próxima audiencia internacional del Tribunal, que se celebrará en Toronto el 28 de febrero de 2025, coincidiendo con la Conferencia de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC).

Josefina Mösle
Global Alliance for the Rights of Nature
communications@garn.org

Sesión completa del 15º Tribunal Local de Derechos de la Naturaleza sobre la Minería Canadiense en Ecuador